Violencia de género en Venezuela

Por: Dra. Yolanda Jaimes Guerrero

"(…) El Estado ha venido andando por la senda del Derecho en conexión con la realidad social, para avanzar en la conformación de una normativa jurídica que le permita atender eficazmente el problema de la violencia en general y el de la violencia contra la mujer en especial", expuso la Dra. Yolanda Jaimes ante los trabajadores de la JDJ en el Auditorio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, este 1° de julio de 2013.
Al inicio de la ponencia la Magistrada Jaimes Guerrero manifestó su agradecimiento al Dr. Tulio Jiménez, Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, así como a todas y todos los demás honorables integrantes de esta institución, por invitarla a conversar con relación al tema: "Avances normativos sobre la justicia de género en Venezuela", en el marco de sus actividades académicas 2013.
Al precisar la importancia del tema, la invitada expuso de manera detallada las razones por las cuales el tema violencia de género es "un problema de gran interés dentro de la sociedad venezolana, porque está directamente vinculado con la violencia en general y por tanto con la seguridad y la paz social".
La revista Ad Litteram al pie de la letra presente su exposición:

Formulación de políticas y estrategias de Estado

Como sabemos, en nuestro país fue creado recientemente, en abril de 2012, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de contribuir a la formulación de políticas y estrategias del Estado en el área de la seguridad y mapear la incidencia delictiva a nivel nacional. Tarea importante para el OVS (siglas con que se le identifica), a través del cual es posible conocer algunos datos de violencia que son de mucho interés para la población en general.
El Estado ha venido andando por la senda del Derecho en conexión con la realidad social, para avanzar en la conformación de una normativa jurídica que le permita atender eficazmente el problema de la violencia en general y el de la violencia contra la mujer en especial.

Conceptos y cifras

La violencia es la actuación por la fuerza de una persona sobre otra o sobre la colectividad, que da lugar a un daño físico y hasta psíquico. Esta violencia se manifiesta de distintas formas, cuyo destino final es la destrucción expresada en lesiones físicas, humillaciones, rechazo, amenazas, agresiones físicas o psicológicas, emocionales y hasta políticas.
La violencia es enemiga del diálogo. Cuando existe violencia no hay una conducta razonable, no es posible conversar con el agredido y es imposible conciliar. Por ello decimos que lo contrario a la razón es la violencia y de allí el empeño tanto de la colectividad como del Estado en utilizar las herramientas adecuadas que permitan enfrentar la violencia y derrotarla.
En nuestro país ya citamos cifras que son indicativas de violencia: 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, de las cuales el 13% son lesiones personales, así como el dato impresionante de que de enero a mayo del año en curso han sido asesinadas 77 mujeres en la Gran Caracas, y en el estado Nueva Esparta la violencia de género ocupa el primer lugar en cuanto a la comisión de delitos, seguido por homicidios y robos. Igual situación se da en Santa Elena de Uairén. Son, sin duda, cifras reveladoras de que vivimos en una sociedad violenta.
De allí, la necesidad analizada por el Estado de crear la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y el plan Patria Segura. Misión que tiene cobertura nacional y especial atención a 79 municipios donde hay mayor índice delictivo, con la finalidad de transformar los factores estructurales que originan violencia y delitos, reducirlos y acrecentar la convivencia y la seguridad de la gente.

Avances normativos para la protección de grupos vulnerables

Debemos resaltar en el campo de la convivencia y la seguridad colectiva, los avances normativos que se han dado en nuestro país, especialmente para proteger a los grupos vulnerables de la población.
En Venezuela están vigentes las siguientes leyes y esto es bueno tenerlo presente: Ley de los Pueblos Indígenas, 2005; Ley de Personas con Discapacidad, 2007; Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007; Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, 2009; Ley sobre procedimientos especiales en materia de protección familiar, niños, niñas y adolescentes, 2010; Ley sobre discriminación racial, 2011; y Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, 2012.
Destacamos que nuestro país avanza en ese sentido porque la acción legislativa se ha hecho presente y se han promulgado leyes que atienden de manera particular a los grupos vulnerables de nuestra población, que años atrás estaban marginados.
Hoy podemos señalar con toda claridad y firmeza que cada uno de esos grupos tiene un respaldo, un asidero jurídico: niños, niñas, discapacitados, afrodescendientes, indígenas y mujeres. Mucho hemos avanzado y esto debe ser reconocido como un gran logro de los nuevos tiempos que hoy se viven en el mundo, pero también en nuestra patria como consecuencia de una Constitución que consagra la permanencia de un Estado Social de Derecho y de Justicia.
Toda la legislación gira en torno a la idea de la igualdad. Todos somos iguales porque así debe ser por naturaleza y por ello el mundo ha buscado formas de expresar ese igualitarismo, que ya lo proclamó la Revolución Francesa en el siglo XVIII y que además se enlaza con la ética que predica: "respetar y asumir consciente y responsablemente la igualdad de derechos y deberes de la mujer y el hombre, sin discriminación ni subordinación alguna".
Se han dado pasos fundamentales para que la igualdad sea una realidad tangible y particularmente debemos destacarlo en cuanto a la mujer, que hoy se halla incorporada a la actividad productiva y tiene establecidos, para su ejercicio, los derechos sociales, políticos, económicos que le permitan competir con cierta seguridad dentro de la sociedad, porque la ley ampara.
En el plano de la igualdad real, de la igualdad verdadera, gira todo un andamiaje de ideas y teorías que en definitiva buscan la equiparación de los derechos de la mujer con los del hombre para arribar a una sociedad más justa, que elimine los resabios del patriarcado y del machismo aún presenté en el mundo.
En esta búsqueda se ha avanzado bastante y hoy resulta esperanzador destacar una eficaz acción legislativa en casi todos los países en los cuales se han promulgado leyes a favor de la mujer, pero no con el fin de crear para ella privilegios o excepciones groseras, sino para garantizarle sus derechos y velar por su integridad plena como ser humano.
De hecho, podemos afirmar que uno de los mayores éxitos de los movimientos femeninos de los últimos diez años ha sido la incorporación del problema de la violencia contra la mujer dentro de la actividad nacional e internacional como un catálogo de prioridades del Estado y de los organismos internacionales.
Pues bien, en el campo internacional subrayamos la creación de ONU-MUJERES en 2011, entidad de las Naciones Unidas para atender los problemas derivados de la desigualdad de género y velar por el empoderamiento de las mujeres. De igual manera, destacamos la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), documento ratificado por 186 miembros de la Naciones Unidas.
En el ámbito regional, casi todas las naciones han avanzado desde el punto de vista jurídico en el sentido de promulgar leyes especiales contra la violencia de género. Se trata de una acción legislativa que responde a la realidad de esos pueblos donde campea aún la desigualdad y la violencia y es, en parte, mediante la vigencia de un tratamiento jurídico especial que las mujeres pueden avanzar en el respeto y protección a sus derechos humanos, a la vida, a la seguridad, a la salud, a la educación, a la libertad, que también son derechos humanos de los hombres, pero en el caso de ellas se encuentran conculcados o menospreciados por el acento que a través del tiempo les ha impreso la costumbre o el descuido.
Podemos observar que en 1994 se aprobó a Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belén Do Pará, y que una década después tomó vigoroso impulso una acción legislativa que dio tratamiento integral al tema de la violencia contra la mujer. El 7 de agosto de 2006, Brasil aprueba la ley llamada María Da Penha, en honor a esta mujer que es símbolo de la mujer maltratada. Luego, en 2007, Costa Rica, México y Venezuela dictan su normativa especial. De esta última hablaremos más adelante.
Antes de esta fecha, otros países habían avanzado normativamente dándose leyes para tratar este problema: Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú, Nicaragua, El Salvador, Guatemala (del 94 al 97) y luego Paraguay en octubre de 2000.

Leyes venezolanas que protegen a grupos vulnerables

En Venezuela, el Estado ha creado una normativa e instituciones de protección a los grupos más vulnerables de la población, lo cual se ha traducido en evidentes avances legislativos que detalladamente señalamos antes, lo cual ha permitido que niños, niñas y adolescentes, discapacitados, indígenas, afrodescendientes y mujeres, dispongan de herramientas jurídicas que resguarden sus derechos y determinen sus deberes.
En violencia de género, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia, luego de varias reformas, el 19 de marzo de 2007, marca el inicio de un camino especial para afrontar este grave problema. No se trata de una ley discriminatoria que solo castiga o sanciona al hombre maltratador porque lo que se desea es una familia equilibrada, armónica y con valores, que la hagan una escuela para la formación de la prole.
Esta ley contiene avances notables, algunos de los cuales queremos señalar brevemente:

1. En cuanto al procedimiento.
2. Respecto de la denuncia como puerta de entrada
al proceso.
3. En relación a las medidas.

1.- En relación con el procedimiento, la ley orgánica señala algunas novedades que se presentan cuando, de los 17 tipos de delitos que señala el Capítulo VI, artículos 39 al 56, el que se comete es Flagrante o no. Debemos partir de la base de que por la naturaleza de los delitos de género, se ha innovado el concepto de flagrancia.
Como todos sabemos, la libertad personal es el principio, y este solo puede ser violentado por una orden judicial cuando se comete un delito flagrante. Es flagrante el delito que se está cometiendo o se acaba de cometer o si se sorprende al agresor poco después de cometer el delito en el mismo lugar o cerca o cuando el agresor es perseguido por la autoridad judicial, por un particular, por el clamor público o por la mujer agredida. Esto se corresponde con el concepto tradicional de flagrancia.
Pero donde se pone de manifiesto la ampliación del concepto de flagrancia es cuando se solicita ayuda a los servicios especializados de atención a la violencia de género mediante llamadas telefónicas, fax, correo electrónico, que permitan conocer sin equivocaciones la comisión del delito o cuando la víctima u otra persona que ha tenido conocimiento del hecho acude al órgano receptor de denuncias dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del delito para formular la denuncia.
Esta es una ampliación del concepto de flagrancia cuya inconstitucionalidad ha sido superada y no es fácil entender por quienes no son diestros en el manejo de la violencia de género, pero que ha permitido una mayor protección a las mujeres víctimas.
Verificados los supuestos de la flagrancia, se pone al agresor a la disposición del Ministerio Público, quien a su vez lo presentará ante el tribunal de Control, Audiencia y Medidas.
2.- Respecto de la denuncia, la ley indica los órganos receptores de denuncias: el Ministerio Público, los juzgados de paz, las prefecturas y jefaturas civiles, los órganos de policías, los tribunales de municipio y otros (ver art. 71). Pero es necesario señalar que el órgano receptor de denuncias puede tener conocimiento de que se ha cometido un hecho punible mediante alguna de estas modalidades:
a) Por denuncia propiamente dicha: que consiste en trasmitir en forma oral o escrita la información al órgano receptor con relación a la comisión del delito. El art. 70 señala los órganos legitimados para denunciar.
b) De oficio: Cuando en vista de la información que han tenido los órganos receptores de que se ha cometido un hecho punible, comienzan por iniciativa propia la investigación.
c) Por querella: Acto procesal que consiste en una declaración de voluntad dirigida al Tribunal con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, por el cual la persona facultada (art. 82, la mujer víctima o sus familiares dentro del 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, si ella está impedida)hace del conocimiento del tribunal la comisión de un hecho punible y ejercita la acción penal para dar lugar al inicio de la investigación.
En cualquiera de las tres modalidades citadas, el Ministerio Público ordena la investigación y lo notifica al Tribunal con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer. Es una garantía de acceso a la justicia en forma expedita, sobre todo en nuestro país donde se han estructurado los Circuitos Judiciales especializados en delitos de violencia contra la mujer, dentro de los cuales se hallan únicamente los tribunales que atienden este tipo de delitos.
Existen en el país actualmente 53 tribunales, cada uno de ellos con sus correspondientes equipos interdisciplinarios. Su vigilancia corresponde a la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial que depende del Tribunal Supremo de Justicia, desde la cual se hacen notables esfuerzos por avanzar en esta jurisdicción, siendo así que Venezuela es pionera en cuanto a la creación de estas instancias especializadas1.
Se requiere tener conciencia acerca de la necesidad de denunciar que se han cometido estos delitos, porque la denuncia es la puerta de entrada al proceso que ha de iniciarse en torno a la sanción que debe aplicarse a este tipo de delitos, muchos de los cuales permanecen ocultos por el silencio de la víctima y por eso no se castigan. Si en verdad queremos una sociedad y una familia sanas, debemos ser consecuentes con esos principios y denunciar todo acto de violencia contra las mujeres. En el planeta, la tercera parte de ellas ha sufrido maltratos de su pareja.
Debemos resaltar la importancia de la denuncia. Ninguna ley transforma por sí misma la realidad, y la apertura de tribunales tampoco es suficiente para atacar esta violencia; debemos abrir paso a la denuncia y al reclamo de la sociedad que exige justicia sin formalismos ni vicios, sin padrinazgos que solapen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
3.- En cuanto a las medidas, estas se aplican una vez presentada la denuncia o admitida la querella. Se trata de las medidas PREVENTIVAS, que según la Ley Orgánica son de dos tipos:
a) Las de protección y seguridad, que son medidas preventivas, de aplicación inmediata, deben ser motivadas y las impone el órgano receptor de denuncias. Citamos algunas de estas medidas:
- Remitir a la mujer agredida que lo solicite a los centros especializados para que reciba orientación y atención.
- Tramitar su ingreso y el de sus hijos a las casas de abrigo.
- Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común si la convivencia implica riesgo para la mujer.
- Solicitar al tribunal competente la medida de arresto transitorio (el Ministerio Público lo pide al juez y es por 48 horas).
b) Las Medidas Cautelares, que las impone el juez con competencia en delitos de violencia contra la mujer a solicitud del Ministerio Público:
- Arresto transitorio del agresor hasta por 48 horas.
- Orden de prohibición de salida del país.
- Prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o concubinaria hasta un 50%, allanamiento del lugar donde se cometieron los hechos, etc.
Las medidas cautelares las decreta el juez o la jueza, previa verificación de los requisitos fundamentales de toda cautelar: el fumus boni juris, o sea presunción grave del derecho que se reclama y periculum in mora, esto es, peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva.
Pero ambas medidas son de aplicación preferente, pudiendo el juez además implementar alguna de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal (art. 256), como la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de salida del país o la prestación de una caución económica.
Como ustedes pueden apreciar, Venezuela dispone de una herramienta jurídica valiosa e innovadora en justicia de género para sancionar esta violencia que se desarrolla dentro y fuera del hogar, lo cual podemos ver con absoluta claridad cuando analizamos los múltiples delitos que suceden diariamente en nuestro país y cuyas víctimas son mujeres, hasta el punto de que hoy los índices de criminalidad señalan casi 15 mujeres por mes que han perdido la vida, por lo cual la agenda del Estado atiende con atención este grave flagelo, hoy considerado como un problema de salud pública.
Ejemplos de esta política es la creación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, la creación de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, la materialización de 53 tribunales especializados junto con los equipos interdisciplinarios que funcionan en el país, y toda una acción legislativa como la aquí comentada que muestra al mundo los avances normativos en materia de violencia de género.
A pesar de tales avances se requieren mayores esfuerzos. La experta Alba Carosio ha señalado: "Nuestra idea no es solo que se castigue a los culpables, sino que esos casos de violencia no ocurran". Recordemos que las agresiones de pareja se presentan en cualquier hogar sin distinción de ingresos ni de nivel educativo. La violencia de género no es exclusiva de las mujeres pobres, sino que se da en todos los estratos sociales.
De allí ha surgido la necesidad de solicitar modificaciones a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como ha ocurrido recientemente, en mayo de este año, cuando la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, solicitó ante la Asamblea Nacional la inclusión del femicidio como un delito autónomo dentro del catálogo de delitos previstos en la Ley orgánica. Se trata del "asesinato misógino de mujeres cometido por hombres". También solicitó la reforma de los artículos 64 y 67 de la misma ley.
A este propósito, el conocido abogado penalista Beltrán Haddad afirmó: "¡Cuánto trabajo ha costado enfrentar el machismo jurídico!", para luego agregar aquella frase encontrada por dos notables pensadores entre un montón de papeles: "Una conciencia nueva para verdades que hasta ahora han permanecido mudas". Esta es la realidad. Se trata de una reforma indispensable de esta ley que hoy protege a la mujer frente a la violencia, pero que debe ir acompañada de una revisión de la ley penal para borrar de esta cualquier resquicio que contradiga la reforma y entonces todo quede igual.
Esta es una materia pendiente y una deuda del mundo con la mujer.
Pero esta causa no pertenece solo a la mujer, es una causa colectiva. Cuando está en juego su dignidad, lo está también la del género humano. Por eso no debemos tener miedo sino coraje, valentía, arrojo.
No olvidemos, ha dicho la socióloga Blanca Pedroza, "que la pobreza como la violencia de género constituyen, desde una perspectiva histórica, filosófica y social, un vergonzoso estancamiento de miles de años en el desarrollo evolutivo de la humanidad".
Necesitamos avanzar. Nos espera un largo recorrido donde lo humano debe estar por encima de otras consideraciones. Es una tarea que nos obliga. Esta mitad de la humanidad tiene el compromiso impostergable de afianzar su dignidad, su igualdad y su integridad. Si somos dadoras de vida y también de amor, ¿por qué no hemos de luchar?, ¿por qué no hemos de vencer? Acompáñenos.