Entre la Comisión de Reforma Judicial y el surgimiento de la JDJ

Dr. Octavio Sisco Ricciardi
Magistrado de la Sala de Casación Social

El Magistrado Octavio Sisco Ricciadi fungió como orador de orden, durante el acto central en ocasión del segundo aniversario de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en este sentido su ponencia fue un recorrido histórico senda entre el papel de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura del 8 de septiembre de 1998, ( la cual entró en vigencia el 23 de enero de 1999, tras ser aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre de 1999,) y la introducción dentro del cuerpo normativo institucional de algunos instrumentos jurídicos que llevaron a conformar el Reglamento dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
Esta instancia desarrolló su labor, hasta que entrara en vigencia en el año 2009 el Código de Ética del Juez venezolano y la Jueza venezolana, para con ello dar cumplimiento al artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo este recorrido accidentado culmina cuando el 10 de junio de 2011 se juramenta ante la Asamblea Nacional, a la Junta Directiva de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, con seis jueces principales y seis jueces suplentes. Seguidamente se destaca la ponencia del Magistrado Octavio Sisco Ricciardi:

Recorrido entre la Comisión Disciplinaria y la JDJ

Un hecho trascendente dentro de la Disciplina Judicial es contar con órganos judiciales disciplinarios para los jueces, órganos judiciales especializados, cuando en otras latitudes nuestra región va más allá, son órganos generalmente atribuidos a la parte administrativa u órganos administrativos, y esto ha cambiado totalmente, es un poco el esquema con relación a cómo velar, cómo estudiar, y eventualmente sancionar la conducta de los jueces y juezas que no están acordes con el Código de Ética que nos hemos dado.

Los Jueces y sus responsabilidades

El Magistrado Sisco puntualizó "que al analizar algunos aspectos de este cuerpo normativo nos lleva a centrarnos en una de las formas en que se puede manifestar la responsabilidad tanto de los jueces como de las juezas del Tribunal Disciplinario, que no tiene su contexto no solamente en el artículo 267 de la Constitución, sino en el 49.8 de la misma".
Con la primera consideración que hago es la que el Tribunal Disciplinario se encuentra inserto dentro de un poder mucho más amplio que denominamos comúnmente como potestad sancionatoria, que tiene como fin asegurar la realización de los fines del Estado al otorgar la facultad de imponer una sanción como castigo ante el incumpliendo de las normas jurídicas que exige un determinado comportamiento, a fin de preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio que da el Estado, más completamente la potestad disciplinaria de los funcionarios públicos tiene un fin restringido como especie de género, busca particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que regula el ejercicio.
En tal sentido, la finalidad del Derecho Disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, el estudio, la eficiencia de los servidores y servidoras. Es, precisamente, allí la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, donde supone la inobservancia de los funcionarios, de los servidores y servidoras públicas, de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución y en el marco de la Ley.
Que esta perspectiva en el derecho disciplinario es más una rama esencial en el funcionamiento de la Comisión Estatal que se encuentra orientado por el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes los lleven, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses para ser reconocidos, involucran, si es el caso, la existencia de una falta disciplinaria de sus correspondientes sanciones y los procedimientos constituidos para aplicarlas.
Precisamente el derecho disciplinario valora la inobservancia en formas positivas en cuanto, ello implique el quebrantamiento del deber funcional. Esto es el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumplen esas funciones.
En este sentido se castigan las conductas que atentan contra los presupuestos de la función pública, que en términos generales atentan contra el cuidado, la ética del desempeño de las funciones encomendadas.

Regulación del procedimiento disciplinario de los jueces

El procedimiento disciplinario estaba regulado por normas preconstitucionales, la primera vez, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que había sido sancionada en septiembre del 98, pero tenía una entrada en vigencia del 23 de enero del 99.
Recordaran que el 1999 fue el año en que iniciamos el proceso constituyente, qué culminó con la Constitución aprobada en referéndum por primera vez en nuestra historia republicana, que dicho sea de paso, fue el inicio para toda una serie de actividades porque la Constitución que aprobamos el 15 de diciembre del 99.
La constituyente no se agotó con la aprobación de la Constitución, sino que es justamente la raíz o a partir de la Constitución aprobada es que permanentemente venimos construyendo un país y por eso al inicio cuando yo hablaba que lejos de ser perfectos porque cometemos errores, pues, vamos construyendo porque, dicho sea de paso, esa Constitución obedece a una época y a un hecho y nosotros estamos construyéndola y estamos, y debemos de alguna manera empujar a esa institución.
Luego, existía –para aquel momento– el Decreto de Transición del Régimen del Poder Público, el régimen de transición para los poderes públicos, por supuesto, justamente en ese puente entre lo viejo que estaba muriendo y lo nuevo que estaba naciendo. Como recordaran ese fue un decreto que la Asamblea Nacional Constituyente de finales del 99.
Luego de la entrada en vigencia de la Constitución, sentadas algunas disposiciones sublegales, en este caso el Reglamento de la entonces Comisión de Funcionamiento del Consejo del Sistema Judicial de agosto de 2005 por un error, fue presa por un error mediante error humano, el 18 de noviembre de 2005.
Más adelante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia vinculante, la número 280 el 23 de febrero de 2007, mediante el cual reguló un procedimiento disciplinario judicial breve, para los casos de desacatos de amparo o cuando hubiera declaratorias de errores jurídicos, inexcusables por parte de un diputado, por las salas de Tribunal Supremo o los jueces supremos.
Evidentemente lo que trató esa sentencia era que pudiera olearse, prácticamente toda una fase de instrucción y sin necesidad inclusive de acusación por parte de la Inspectoría General de Tribunales, puesto que declarado el error jurídico inexcusable o declarado el desacato lo único que podía hacer un juez es qué, descargarse ante la audiencia, alguna causa que eximiera de porqué desacató, que pudiera haber circunstancias que se pueden ponderar o por qué se cometió ese error y medir la gravedad y la incidencia de ese error.
Ahora no, como se sabe el órgano encargado de la disciplina judicial hasta la sanción del Código de Ética era la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que creado por este decreto de transición en 1999.
Esta comisión era el órgano de enlace de lo que moría, Consejo de la Judicatura a lo nuevo que venía, el Tribunal Supremo de Justicia, con luego de la implementación del gobierno del Poder Judicial a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura cuya normativa inicial arranca en agosto de aquel año 2000 y entonces, en esa oportunidad todo lo que administraba el Poder Judicial, lo que hoy es la ley y antes era el Consejo de la Magistratura, crearon únicamente las funciones disciplinarias, porque como recordaran el Consejo de la Judicatura se pagaba y se daba el vuelto, a los fines de sancionar a los jueces y a las juezas por un procedimiento administrativo muy cuestionado en que, incluso, la antigua Corte Suprema de Justicia en su Sala Político-Administrativa, decretó nulidades en mucho de los actos de los jueces que fueron destituidos o sanciones que hayan sido ocultadas.
Además, curioso, hasta el año 2009 la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial fue el único órgano superviviente de la Constituyente, es decir, aún 9 años después teníamos un órgano que sobrevivió a la constituyente, era el único constituyente.
Con la implementación ahora del Código de Ética a partir del año 2009 se produjeron cambios sustanciales no solo en lo que respecta al plano procesal, también dio otro cambio significativo, vimos la Jurisdicción Disciplinaria Judicial que hoy está cumpliendo su segundo año y esto es –muy importante resaltarlo– como integrante de la rama judicial del Poder Público venezolano.
Consecuentemente, la naturaleza jurídica de la actividad desarrollada por los órganos con competencia disciplinaria innovó en actividad propiamente jurisdiccional, con las consecuencias lógicas que esto implica, la función de los principios básicos del derecho procesal que es una manera más diáfana para la sustanciación y decisión de estas causas. Esto quiere decir que el órgano administrativo a quien tradicionalmente se le atribuía las competencias para aplicar las sanciones disciplinarias de los jueces y juezas, cuya decisión podría ser impugnada ante la Sala Político Administrativa antes de la Corte, luego del Tribunal Supremo de Justicia, fue sustituido por tribunales desde el punto de vista formal y material.
Con base en esta premisa la disciplina del juez y jueza viene a estar regulada más estrictamente por los principios del derecho penal en su sentido lacus, en su sentido más amplio, pues se trata de aplicación de penas no corporales. ¿Cuáles son? Amonestación, suspensión temporales o destitución del cargo y la más graves la destitución por una inhabilitación temporal aparejada para el ingreso a cualquier de los cargos públicos, dentro del sistema de justicia, entiéndase jueces, cargos del ministerio público, inspectores de tribunales, inspectores de tribunales, defensores.

Aplicación del principio acusatorio e intervención de un organismo

Ahora bien, vemos que el cambio relatado por la transformación de la jurisdicción disciplinaria de los jueces y juezas de la República, lleva su vida en general y con más vigor quien en tiempo precedente los mismos principios y reglas del derecho penal en virtud de la estrecha vinculación que existe entre ambas ramas que no son más que la manifestación del ius puniendi del Estado o el derecho.
Precisamente el principio común a ambas ramas del derecho sancionatorio, que hemos reconocido como el tronco que aglutina a todas las manifestaciones del ius puniendi del Estado, es el principio acusatorio, que postula la necesaria intervención de un organismo que figure como actores del procedimiento disciplinario que sea totalmente ajeno a la autoridad que va a juzgar en el caso.
En términos previos y precisos, entendiendo las limitaciones de tal objetivo, podemos afirmar que el procedimiento sancionatorio, al igual que en el penal, el órgano de acusación debe ser distinto al de la acusación. Luego también la defensa debe estar atribuida a otro órgano para preservar realmente este principio, aunque existen divergencias de los tribunales en este aspecto.
Quiere decir que la acusación, defensa y decisión han de estar separadas en la conformación del proceso y en su desarrollo. Bajo este precedente se observa que en el procedimiento disciplinario establecido en el Código de Ética, es acusatorio porque presenta la división de actividades acusatorias y decisorias que garantizan la autonomía de la actuación.
Sin embargo, la implementación del sistema previsto en el Código de Ética en la práctica, como sabemos, ha generado muchas dificultades, especialmente cuando se dice el procedimiento por acusación privada. En tales casos el veredicto de la causa se desarrolla en muchas ocasiones sin la presencia de la parte actora.
Respecto a ese aspecto, en la acusación es importante mencionar una sentencia reciente de la Sala Constitucional, la número 516 del 07 de mayo de 2013, donde expresa cautelarmente, entre otras cosas, atribuye la Inspectoría General de Tribunales la posibilidad de impulsar hasta la Jurisdicción Disciplinaria Judicial la sanción de los jueces, considerados no idóneos para la función jurisdiccional.

Entre el Derecho a corrección y el Derecho a la sanción

Hay que definir dos cosas: el derecho a corrección y el derecho a sanción. Sabemos que hay correcciones por parte de los jueces para castigar comportamientos indebidos, que ocurre en el trámite de procedimientos que están llamados a decidir. Por ejemplo, encontramos en esta Contraloría el arresto disciplinario.
Ahora, por otra parte, están las sanciones disciplinarias cuya imposición compete a los colegios profesionales, otros órganos equivalentes, a éste último tipo de sanciones es a que se refiere el Código de Ética, a establecer la posibilidad de conocer las causas disciplinarias de otros miembros del Sistema de Justicia, pero qué –y lo subrayo– con ocasión a las actuaciones judiciales, las actuaciones extrajudiciales no, pero sí actuaciones judiciales porque te estás encerrando dentro del Sistema de Justicia, con una conducta y eres corresponsable de lo que allí puede pasar.
¿Cómo está regulado en el Código de Ética? el artículo 2 dice: "Las y los demás intervinientes en el Sistema de Justicia que con ocasión de las actuaciones judiciales infrinjan posiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la discusión de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, o que por cualquier otro motivo, circunstancia comprometan la observancia de principio y deberes éticos, deberán ser sancionados o sancionadas según la ley que lo rija."
Ahora, eso es lo que se llama con gestión por condición o continencia, pero resulta ser que esto es lo que se ha llamado el fuero de atracción por omisión y conexión, y fue implementado por el legislador. ¿Cuándo se verifica la omisión de los órganos disciplinarios naturales de los demás integrantes del Sistema de Justicia? Dos, ¿Cómo se tramitan esas causas?
Sobre el primer aspecto, ése punto hace referencia al proyecto que se presentó en la Asamblea Nacional que dio lugar al Código de Ética, en el proyecto en primera discusión que se presenta la exposición de motivo, decía esto y lo comparto y lo cito de manera textual, porque puede clarificar muchísimo la situación.
Decía en ese proyecto en el artículo 43: "Competencia por conexión: En materia de infracciones en la ejecución de un acto propio de las funciones del texto de los intervinientes del Sistema de Justicia, o que comprometan la observancia de los principios de niveles éticos, que guarden conexión con el procedimiento disciplinario contra juez o jueza, conocerá igualmente los órganos de la jurisdicción del Sistema Judicial.
Si durante la investigación se advierte a la comisión de un ilícito e infracción disciplinaria del resto de los intervinientes del Sistema de Justicia, el rector general o el rector delegado de oficio o a solicitud de cualquier interesado, notificará al órgano o entidad de la cual depende o se encuentre afiliado dicho o dicha interviniente, para que proceda a iniciar el correspondiente procedimiento.
Transcurrido el lapso de quince días sin que el órgano o entidad inicien…" –no se trata ni siquiera de que tenga que evitar una sanción, inicie y muchas veces no lo inicia tan siquiera– "…el respectivo procedimiento, el Inspector General de Tribunales notificará de este hecho al tribunal designado judicial, quien se declarará competente, si fuera el caso, y autorizará la continuación de la investigación ante autoría contra dichos de intervinientes, sin que ello prejuzgue sobre la misma."
Inclusive este decreto se establecía un lapso de apelación ante la Corte de Disciplina Judicial en el término de los 5 días. A pesar de que no fue recogida esta propuesta en el texto definitivo aprobado por la Asamblea Nacional, es perfectamente viable ajustar un mecanismo similar, a propósito de la nueva revisión que se está anunciando, a fin de establecer la omisión del órgano natural con competencia disciplinaria de otro de los integrantes del Sistema de Justicia.
Sobre el segundo aspecto, es claro que la norma sustantiva es aplicable en esta causa, será la que se encuentre en los instrumentos que rigen estos intervinientes, pero sin embargo el procedimiento es el que establece, como les digo, mucho más garantista que muchos de los procedimientos, aquí reconocemos lo que nos enseñaron en el Colegio de Abogados, son inclusive los de otros.
La interpretación y aplicación de las disposiciones del régimen disciplinario de los jueces y juezas en Venezuela, deben revisarse en atención a los postulados consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con especial atención a la naturaleza jurídica y la actividad a cargo de la jurisdicción disciplinaria judicial; y así mismo, con el auxilio de los principios y disposiciones del derecho penal, en cuanto sean aplicables, a fin de lograr un sistema armónico que respete las garantías fundamentales de todo proceso judicial y que tenga como norte la importancia y el respeto de la actividad jurisdiccional que desarrollen los jueces de la República, que son, en principio, quienes están sometidos al control disciplinario de dichos órganos.

En piel para actuar con justicia

Traigo, a manera de conclusión, un hecho histórico que quisiera compartir con la paciente audiencia que me ha escuchado: En 1498, Gerald David, fue comisionado por los regidores de la ciudad de Brujas a pintar dos paneles para representar una vieja leyenda, con el propósito de que el trabajo completo fuera colgado en la Cámara de Legisladores del Cabildo Municipal de esa ciudad. Hoy en día este díptico puede apreciarse en el Museo Groeninge, de Brujas en Bélgica. Este acto constituiría una advertencia a los magistrados locales que veían los siniestros todos los días, para recordarles que los ciudadanos esperaban de ellos, que ellos desempeñarían sus deberes administrando la justicia fuera de corrupción y ajeno a intereses pecuniarios.
Se trata, esta leyenda, la del Juez persa Sisamnes. Nos cuenta el cronista griego Heródoto, que era un juez de la Corte Real durante el dominio de Cambises II, Rey de Persia, –estamos hablando del siglo IV A.C.– el crimen que Sisamnes cometiera consistió en aceptar un soborno de una persona envuelta en una demanda, pronunciando una sentencia injusta. Cuando el Rey Cambises se enteró de los hechos, imputó a Sisamnes y ordenó su arresto y castigo, pero el castigo no fue algo esperado dentro de lo ordinario, el castigo sería tan inventivo como fuera cruel. El Rey primero le cortó el cuello, quizás era natural por aquellos días, pero algo más, y luego hizo que éste fuera despellejado completamente, utilizando la piel para cubrir la silla donde el próximo magistrado pronunciaría sus fallos. Empero, la creatividad del monarca no termino en este punto, para reemplazar a Sisamnes, a quien había degollado y desollado, el Rey designó a Otáves, hijo del Juez venal, como su reemplazo.
A Otáves, Cambises le explicó la precedencia de la piel que cubría la silla en la cual se sentaría como árbitro a oír evidencias para rendir decisiones justas. Sería superfluo decir que por razones claras el flamante juez se conduciría con pudor y honorabilidad.
Veinticinco (25) centurias transcurriera de aquel episodio, no pretendemos, ajeno a nuestro espíritu y vocación humanista, que nuestra Jurisdicción Disciplinaria Judicial se convierta en taxidermista de los jueces y juezas, ni cruel tapicera de sillones de estrado; empero sí es preciso reivindicar la carga pedagógica que todas sanción disciplinaria lleva consigo, un recordatorio de la parábola de esta historia, en la cual la justicia, de la que Sisamnes se burlaba, era un don concedido por los dioses como presente a los humanos y que la aceptación de un soborno para alterar su concurso constituía un pecado contra los ciudadanos, ya que la justicia no era su propiedad, sino que era la dote del pueblo.