El Estado Social Frente a la Crisis del Estado Liberal

El Nuevo Constitucionalismo Venezolano

María Alejandra Díaz Marín

Jueza Suplente de la Corte Disciplinaria Judicial

 

Hoy en día, la discusión constitucional en Venezuela y Latinoamérica gira en torno al Estado de Derecho -visión liberal- y el Estado Social de Derecho y de Justicia -visión humanista y social-, que propugna el Estado de bienestar.

El Estado Social tiene su propio perfil y la mayoría de los autores opinan que su origen coincide con el desarrollo constitucional alemán, con el surgimiento del socialismo reformista, que planteaba la idea de un Estado distinto al Estado liberal que le diera respuesta a los problemas que este ocasionaba, en el marco de los cambios sociales.

En el Estado liberal se propugna el Estado de Derecho y este consiste en considerar a la Ley como un valor normativo superior que es imprescindible a la hora de interpretar la Constitución, ello debido a que su aplicación representa la concreción normativa que se expresa a través de la Ley y la jurisprudencia interpretativa de esta, se realiza principalmente a través del recurso de casación.

Citando a Cabrera Romero, "la formación y desarrollo del concepto de Estado de Derecho, tiene su origen histórico en la lucha contra el absolutismo, y por ello la idea originalmente se centraba en el control jurídico del Poder Ejecutivo, a fin de evitar sus intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la libertad y propiedades individuales. Sin embargo, tal concepto fue evolucionando, y dentro de la división de poderes que conforman el Estado, en la actualidad el Estado de Derecho consiste en que el poder se ejerce únicamente a través de normas jurídicas, por lo que la ley regula toda la actividad Estatal y en particular la de la administración; y parte de la esencia del concepto consiste en "el control judicial de la legalidad desde lo que se va a considerar la norma suprema: la Constitución la cual encabeza una jerarquía normativa, garantizada por la separación de poderes"1.

La visión liberal, surgida desde la época de los movimientos revolucionarios norteamericanos (1776) y francés (1789), épocas estas donde subyacen las bases institucionales y filosóficas que sirven de sustento a las discusiones jurídicas, filosóficas y políticas más importantes del liberalismo; se otorga prevalencia a los derechos individuales propios del constitucionalismo liberal; sin embargo, en los últimos tiempos se ha venido configurando un conjunto de expectativas de bienes y servicios que ya no corresponden al sujeto en lo individual, sino considerar a este en cuanto miembro de un determinado grupo social, que generalmente en el paradigma liberal se deja desprotegido.

Señala Cabrera Romero: "dicho concepto (Estado Social) ha ido variando en el tiempo, desde las ideas de Ferdinand Lassalle, que se vierten en sus discursos de 1862 y 1863, donde sostiene que el Estado es el instrumento de transformación social por excelencia y su función histórica es liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia; pasando por el pensamiento de Lorenz Von Stein, quien basado en la existencia de una clase dominante que se ha apoderado de la conducción del Estado, y de una clase dependiente que no tiene acceso a los bienes espirituales (educación), ni a los materiales (propiedad), propone que el Estado haga posible para la clase inferior la adquisición de aquellos bienes, lo cual se logra mediante una reforma política de contenido social realizada desde el Estado, utilizando un conjunto de medidas y leyes que posibiliten a todos los individuos la adquisición de esos bienes a través del trabajo. Estas ideas propugnan a la armonía social como desideratum del Estado Social (…)

(…) La marcha hacia un Estado, uno de cuyos fines sea lograr la armonía social entre las diversas clases, se fue abriendo paso, y así la Constitución Alemana de Weimar de 1919, introdujo una serie de normas dirigidas a la reforma social, las cuales fueron consideradas normas programáticas a ser desarrolladas por el legislador, quien al no hacerlo vació de contenido el proyecto de Estado Social fundado en una reforma social, que propugnaba dicha Constitución 2".

En resumen, el Estado Social de Derecho y de Justicia surge como una forma de superar la crisis del Estado liberal, buscando las posibles contradicciones que surgen entre la titularidad formal de un derecho público subjetivo y su ejercicio cierto; es decir, el Estado debe procurar y garantizar el efectivo cumplimiento por parte del Estado de los derechos establecidos en la Constitución.

Más allá de los derechos civiles y políticos que garantiza el Estado liberal, el Estado social busca además garantizar derechos sociales, económicos, ambientales, educacionales, de salud, culturales e incluso aquellos que le correspondan a los pueblos indígenas, que anteriormente, en el otro enfoque, solo aparecían como declaraciones de buena voluntad, o simples declaraciones programáticas, o como fines realizables por parte del Estado solo a mediano o largo plazo; pero que al final efectivamente no se garantizaban.

Estos derechos sociales, económicos, ambientales, educativos, de salud, culturales o de otro orden, necesitan de un cierto modelo de Estado para su adecuación y protección, esto significa que requieren de un Estado Social. Pero además, es necesario contar con un cuerpo normativo -comenzando por la Carta Fundamental- que entienda esta concepción, la recoja y la dote de fuerza normativa e interpretativa para su aplicación.

Los derechos humanos, y sobre todo los de última generación (sociales, económicos, ambientales, culturales, educativos, de salud, aquellos que le correspondan a los pueblos originarios o indígenas), son signos de la evolución de los tiempos actuales; donde ante la crisis de un modelo de Estado surge una alternativa que busca garantizar una serie de expectativas que representan el progreso moral de la humanidad y se imponen frente a la arbitrariedad de cualquier manifestación de poder y como referente de actuación frente a quienes lo detentan.

Estos derechos sociales representan para la visión del Estado social generalmente obligaciones positivas que están a su cargo, y se manifiestan como intervenciones de este para satisfacer las necesidades materiales básicas de los individuos: la alimentación, la salud, acceso agua potable, vivienda, ambiente sano, cultura, entre otros; derechos estos que se complementan con los previstos en la perspectiva liberal, como son los derechos civiles o políticos clásicos, es decir, la visión se amplía y es sistémica.

Ambos derechos (individuales y sociales) requieren para su tutela efectiva de actuaciones negativas e intervenciones positivas por parte de los poderes públicos. Los derechos sociales vienen a complementar a los derechos individuales, configurándose como instrumentos de la lucha política. Ya no son simplemente derechos de los ciudadanos como protección frente a las intromisiones indebidas de los poderes públicos sino que requieren de una participación activa del Estado frente a los individuos para así garantizar su consecución, pues en la visión del Estado social, los poderes públicos ya no se ven como amenazas sino como entes comprometidos en su protección y realización, de lo que a su vez depende en mucho la legitimidad de los mismos.

Esta división entre derechos políticos y civiles, por un lado, y derechos sociales, económicos y culturales por el otro, según las nuevas interpretaciones constitucionales no se compadece con los nuevos tiempos democráticos venezolanos ni latinoamericanos, debido a que en la actualidad lo que priva es el reconocimiento de principios y valores de ambos rangos de derechos -individuales y colectivos- y que se encuentran en conflicto permanente.

En este siglo XXI, y a finales del siglo XX, se viene desarrollando en nuestra jurisprudencia y en el desarrollo normativo que nace de la Constitución de 1999, la internacionalización y universalización de estas categorías de derechos; que han derivado en la interpretación constitucional consistente en que los derechos sociales son, ante todo, derechos fundamentales. Tal y como lo expresa Ferrajoli en Monteros, "todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto están dotados de status de persona, ciudadano o persona con capacidad de obrar o de actuar"3.

En la concepción liberal los derechos sociales no son reconocidos jurídicamente, incluso los ven como declaraciones de buena voluntad que tendrá que desarrollar el Estado principalmente y en segundo lugar los particulares, y que gozan en general de protección constitucional, pero como normas programáticas que señalan líneas de actuación al Estado a mediano y largo plazo. Su visión interpretativa constitucional se restringe solo a verlos a través de la óptica de la tesis del carácter programático; sin embargo, esta concepción restringe la interpretación constitucional de los derechos sociales y que además según nuestra doctrina patria, es incompleta e incorrecta.

Desde el punto de vista constitucional venezolano, el paradigma referido a que los derechos sociales son simples mandatos políticos o en el mejor de los casos normas de efecto mediato que permiten al legislador solo incursiones interpretativas para verlos como "derechos subjetivos", ha sido definitivamente superado.

Mientras en el constitucionalismo liberal los derechos civiles clásicos son considerados incondicionados y accionables de manera directa ante los tribunales, los derechos sociales son presentados como derechos condicionados cuya exigibilidad ante órganos jurisdiccionales aparece inevitablemente supeditada a la previa interposición ante órganos legislativos, administrativos y judiciales. La excusa principal para realizar estas reflexiones interpretativas es que los derechos sociales son derechos de difícil y a veces de imposible satisfacción por parte del Estado, pues esto implicaría una redistribución de los ingresos y de una cantidad importante de recursos económicos para satisfacerlos.

El surgimiento del Estado Social de Derecho y de Justicia en Venezuela, que nace con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se justifica debido a la insuficiencia del liberalismo para resolver los problemas de una sociedad industrializada, la incapacidad de autorregulación del mercado, el constante progreso de la técnica y la pobreza e insatisfacción social creciente; todo ello frente a un país con ingentes recursos naturales y económicos.

Para aclarar el punto nos servimos de la explicación que hace el Magistrado Cabrera referida a que "al concepto de Estado de Derecho en la actual Constitución se le agrega la del Estado Social, tal como lo establece el artículo 2 constitucional, cuando establece que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político".

El cambio más representativo que se muestra entre el tránsito del Estado liberal al Estado social, es la realización de una igualdad material que se impone a la igualdad formal, esta última es una igualdad aparente que impone una imagen individualista y prescriptiva, enmarcada en principios normativos según los cuales la ley es el marco de referencia. El concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental (prevista en el artículo 21).

El constitucionalismo venezolano, a la luz de la concepción del Estado Social, entiende estas premisas y asume plenamente a la Constitución como un producto cultural, y que se da en un cierto contexto histórico en el que están presentes las siguientes tres condiciones, según plantea Carbonell:

" a) el individuo es incapaz de satisfacer por sí mismo o solo, o con la ayuda de su entorno social más inmediato, sus necesidades básicas.
b) Surgen riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por las vías tradicionales basadas en la responsabilidad individual.

c) Se desarrolla la convicción social de que el Estado debe asumir la responsabilidad [de] garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar; si el Estado no cumpliera con esa obligación se pondría en duda su legitimidad"4.

Ahora bien, siguiendo con la argumentación del conflicto de intereses entre los dos enfoques y entendiendo entonces que el Constitucionalismo Social emerge como una lucha por la igualdad material, ello mediante la consagración y el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, educativos, de salud y de los pueblos originarios, que prevé la Carta Fundamental, así como el reconocimiento de la intervención del Estado en la iniciativa pública en la economía, es un logro de la nueva orientación planteada desde el nuevo constitucionalismo venezolano. Esta nueva concepción constitucional, que indudablemente está cargada de un alto componente ideológico -visión del Estado Social y del Estado de bienestar-, contempla para realizar plenamente los fines del Estado -entre ellos la igualdad material entre todos los miembros de la comunidad-, la restricción de derechos individuales, pero ello no significa sacrificar la libertad o los derechos individuales de la llamada primera generación, en cambio sí significa que estos deben someterse o limitarse fuertemente y sujetarlos a la consecución del bien común y colectivo.

A decir de Heller, "el Estado social impulsa un sistema de dirección general de la economía, que pretende garantizar objetivos económicos nacionales que no pueden conseguirse por el mercado, manteniéndose a éste como mecanismo básico de asignación de recursos"5.

Desde la nueva Constitucionalidad Social venezolana, el Estado está en el deber de romper con el ciclo de la pobreza a través de la prestación de servicios a la colectividad, en especial a los sectores más vulnerables, así como garantizar la redistribución de los recursos económicos a los más excluidos, a quienes el sistema liberal empujó a la pobreza extrema.

Las conquistas sociales, económicas, educativas, de salud y culturales que han alcanzado los pueblos en el marco del desarrollo del Estado Social son irreversibles, independientemente de las variables del modelo de economía que se adopten; la igualdad material es un principio constitucional, pilar fundamental y núcleo duro en el que se asienta la nueva constitucionalidad venezolana. Este paradigma es el que se recoge en la nueva interpretación constitucional venezolana.

Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, ya no se limita a considerar para interpretar la Constitución criterios literales y sistemáticos. Sus interpretaciones están marcadas por la tesis de la "Constitución como árbol vivo", en expresión de la sentencia "Privy Council, Edwards c. Attorney General of Canadá", de 1.930, retomada por la Corte Suprema de Canadá en la sentencia de diciembre de 2.004, referida al matrimonio entre personas del mismo sexo. "El criterio utilizado es una interpretación evolutiva de la constitución, que se acomoda a la realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino que también los poderes públicos, y particularmente el legislador, van actualizando estos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta a la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta. Esta lectura evolutiva de la Constitución, que se proyecta en especial a la categoría de la garantía institucional, nos lleva a desarrollar la noción de cultura jurídica, que hace pensar en el Derecho como fenómeno social vinculado a la realidad en que se desarrolla".

El nuevo constitucionalismo venezolano no puede permanecer ajeno a la realidad y cambios sociales; por tanto, debe propugnar como valores superiores y transversales en sus interpretaciones la libertad, la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político.

La protección de los fines esenciales del Estado Social de Derecho y de Justicia debe ser su norte, y dicha doctrina supone abandonar una interpretación puramente literal del texto constitucional para procurar y garantizar una interpretación que considere ya a la Constitución como un documento vivo que ha de ir ajustándose a los intereses y nuevos contextos sociales, políticos, económicos y culturales de la sociedad venezolana.

Por ello, la doctrina es considerada en esta nueva mirada, expresión de lo que se ha llamado también judicial activism, otorgando a los jueces del Tribunal Supremo un papel jurídico-político muy relevante que va más allá de la mera función de legislador negativo. El Juez, a través de la interpretación de la Constitución, y de la resolución de los conflictos que se encuentren y se ventilen en la órbita de la misma, vendrá a actuar prácticamente como un reformador tácito de la Constitución, no limitándose a proclamar lo que no es inconstitucional, sino también lo que es constitucional.

Resulta por tanto imprescindible al momento de interpretar la Constitución Nacional y el cuerpo normativo que de ella se derive, tomar en consideración la interpretación realizada por el TSJ en ponencia de Cabrera Romero y que ha sido reiterada y convertida así, en criterio, la cual refería que "el Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente social. (…)

(…) El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos. Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Tal como decía Ridder, "...el Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente", pero, agrega la Sala, fundado en la ley y en su interpretación desde el ángulo de los conceptos que informan esta forma de Estado (…)

(…) El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, en base al silencio de la ley o a ambigüedades de la misma, ya que ello conduciría a que los económicos y socialmente más fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta perennemente una crisis social (…)

(…) Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente como tales, ya que de ser así dicho Estado Social fracasaría, de allí que necesariamente se haya vinculado con los derechos económicos, culturales y ambientales. Estos últimos grupos de derechos buscan reducir las diferencias entre las diversas clases sociales, lo que se logra mediante una mejor distribución de lo producido, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por ello el sector público puede intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de esa actividad, permitiendo a los particulares actuar en ellas mediante concesiones, autorizaciones o permisos, manteniendo el Estado una amplia facultad de vigilancia, inspección y fiscalización de la actividad particular y sus actos, por lo que la propia Constitución restringe la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 (...)"

Esta posición asume que debe

"(…) tratar de evitar los perjuicios derivados de una desigualdad en las relaciones, proveniente de que una de las partes se encuentra en una posición dominante ante otras que forman un grupo o una clase social, por lo que dichas relaciones, de carecer de tutela efectiva, generarían una situación desproporcionadamente ventajosa para quien se encuentra naturalmente en la posición dominante sobre los miembros de las clases o grupos que en tal relación, les correspondería estar en situación de inferioridad. No se trata solo de la desproporción que puede existir entre el poderoso económico que explota a los menesterosos, sino que puede ocurrir en otras relaciones donde por motivos tecnológicos o de otra índole, una de las partes del contrato, debido a su posición, lesiona en su calidad de vida, al otro contratante, quien incluso podría formar parte del grupo privilegiado, pero que en este tipo de relación queda igualado a la masa explotable. Ello puede ocurrir -por ejemplo- con consumidores de bienes, cuya publicidad masiva y subliminal los presiona inconscientemente a su adquisición; o con usuarios de servicios públicos necesarios o de bienes esenciales de amplia distribución, que no reciben dichos servicios o bienes en la calidad y condiciones requeridas, ni dentro de una relación de armonía entre lo recibido y lo pagado por ello; o con aquellos a quienes colectivamente se les sorprende en la buena fe, al no prestarles la información comprensible y necesaria, abusando de la ignorancia y obteniendo sobre ellas leoninas ventajas (…)

(…) Igualmente, derechos individuales pierden efectividad ante derechos colectivos, tal como ocurre con el de la libertad económica, ya que por razones de interés social (artículo 112 Constitucional), ella puede verse limitada, sobre todo -si conforme al mismo artículo 112- el Estado debe garantizar la justa distribución de la riqueza.

(…) Así como el Estado Social de Derecho, mediante la ley o la interpretación de la misma según los principios fundamentales de la Constitución de 1999, puede limitar la autonomía de la voluntad en los contratos, igualmente y dentro de parámetros legales, puede restringir la propiedad, y hasta expropiarla, si por causa de utilidad pública o interés social fuere necesario (artículo 115 constitucional)".

De esta manera, exponemos nuestras reflexiones sobre el conflicto de intereses surgido entre el Estado Social y el Estado liberal, y cómo a partir de la promulgación de la Constitución de 1999 ha habido un salto cualitativo referido a cómo desde el constitucionalismo social venezolano debe interpretarse la Carta Fundamental, para con ello dotar a la sociedad venezolana de sustento jurídico que permita en la práctica modificar paradigmas y construir así un nuevo orden jurídico y político para con ello conquistar la anhelada justicia social y equitativa en la Venezuela de hoy.