Democracia Participativa y la Constitución de 1999

Dra. Ana Paula Diniz

Asesora de la Presidencia de la Corte Disciplinaria Judicial

 

El proceso constituyente venezolano sucedería un referéndum sobre la conveniencia de 1999, que hunde sus raíces en las propuestas de Hugo Chávez y del Polo Patriótico durante las campañas que antecedieron a los comicios electorales que tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 1998, puede considerarse sin duda como uno de los procesos constituyentes más particulares de los últimos años. La coyuntura del país, los recientes y vertiginosos cambios políticos que han acontecido en muy breve espacio de tiempo, y las circunstancias que rodearon el proceso constituyente han hecho de este una de las situaciones de cambio constitucional que más merecen el interés de los investigadores tanto en ciencias jurídicas como políticas.

La llegada de Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la República tras las elecciones del 6 de diciembre de 1998, había sido impulsada por un programa que prometía liquidar los cuarenta años de corrupción que se argumentaba, desde el Pacto de Punto Fijo, protagonizaba la vida pública venezolana. Todos los partidos de la coalición que apoyaban a Chávez a la Pre sidencia, el Polo Patriótico, asumieron tanto los objetivos del cambio como el medio, esto es, el proceso constituyente. Este instrumento para el cambio político y social se hizo popular entre los venezolanos y, aunque para una gran mayoría pudiera tratarse de un término novedoso, pronto se asoció a revolución democrática, reconstrucción del Estado y regeneración social.

El primer paso hacia su perfeccionamiento consistía en la victoria de Hugo Chávez y el impulso del proceso desde el nuevo Gobierno. Le sucedería un referéndum sobre la conveniencia del proceso, las elecciones de los miembros que constituirían la Asamblea Nacional Constituyente y un referéndum final aprobatorio de la nueva Carta Magna, producto de los trabajos de la Asamblea. El proceso constituyente en sí, acabaría con la publicación de la nueva Constitución, donde se prevendrían los medios convenientes para su implantación y, con ésta, la materialización del proceso de cambio que enarbolaba el programa de Chávez.

Finalmente, el proceso constituyente ha sorprendido a unos y a otros. Los defensores del sistema anterior, en particular los partidos políticos que, tras cuatro décadas de alternancia en el poder, habían sido prácticamente borrados del mapa por el que se conoció como “tifón Chávez”, eran muy incrédulos con la llegada a buen fin del proceso constituyente. Predecían su fracaso al tiempo que auguraban conflictos y tensiones insolubles alrededor del proceso de regeneración social y políticas. Por su parte, muchos de los defensores y promotores de la idea constituyente pensaban que la nueva Constitución podría servir para realizar un debate serio y riguroso sobre las posibilidades de implantar un cambio real, buscar los mecanismos adecuados y establecerlos en la nueva Constitución.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Este tema de la participación en la demo- cracia, ya ha sido mencionado por ilustres hombres de la historia, así tenemos que Abraham Lincoln en su discurso de Gesttysburg, definió la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Algunos autores frente al criterio de la de- mocracia representativa, contraponen el con- cepto de “Democracia Avanzada”, que en afir- mación de Álvaro Echeverri, consiste en ‘aquel sistema de organización del Estado en el cual el mayor número posible de ciudadanos intervienen en la conformación, ejercicio y control del poder, por medio del mayor número de ins- tituciones y mecanismos, igualmente posibles’. (Álvaro Echeverri, Teoría Constitucional y Ciencia Política, Bogotá, Librería Profesional, 1976).

Estamos asistiendo a una serie de cambios en la administración pública, caracterizada por ser centralizada, burocrática, monocultural y excluyente; hacia una administración pública más democrática y participativa. Esta nueva forma de administración, conduce a una nueva concepción de sus funciones, políticas y relaciones con la sociedad en general, donde la participación ciudadana juega un papel vital en aspectos tan importantes como:

  • El diseño de las políticas públicas.

  • El control de gestión de los gobernantes

    (control social).

  • Rendición de cuentas.

  • Formas de organización de la sociedad.

El papel importante en este nuevo esquema de democracia participativa y protagónica, es la redefinición del Estado, sus funciones para una nueva relación Estado-Comunidad.

En ese sentido, es fundamental el papel de los gobiernos locales, quienes se convierten en los agentes más inmediatos, para la búsqueda de la rearticulación del tejido social del país, en el acercamiento entre los gobernantes y gobernados; es decir, conformar una nueva arti- culación entre poder público, sociedad y grupos económicos, para el impulso de un modelo propio de desarrollo, que logre hacer real las mejoras en las condiciones de vida de todos los habitantes. Esto puede materializarse mediante la participación ciudadana.

En fin, nos encontramos a las puertas de un nuevo modelo de Estado, donde las fuerzas económicas y las políticas sociales, deben ser reestructuradas o continuaremos con un Estado centralista, sin participar del proceso económico mundial, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y otros temas de vital importancia económica para el País, que en gran medida están siendo determinados por la dinámica económica mundial.

Conceptualizar las políticas públicas, el poder local y la participación ciudadana, son in- discutiblemente imprescindibles en los actuales momentos, tomando en cuenta factores de la práctica política que se entremezclan con las acepciones teóricas.

Las políticas públicas forman parte del que- hacer del Estado, desde la puesta en práctica de planes hasta la omisión de los mismos ante las demandas sociales. De cualquier forma, es posible establecer una conceptualización más o menos consensuada, de que “lo político” y “la política” se refieren a principios de un deter- minado gobierno, orientada para atender fines y una población específica. O sea, es un medio para llegar a una determinada meta económica social.

Es en la práctica política donde se inscriben la participación ciudadana y el poder local como elementos sustantivos. Aunque debe con- siderarse que estos dos conceptos no son válidos sin tener en cuenta que la democracia es un sistema en la que debe fomentarse la creación de espacios donde estos se desarrollen y practiquen. Está claro que la “democracia no es un modelo rígido, terminado en todos sus detalles, ni tampoco una especie de receta que contiene las respuestas correctas a todos los problemas”. Como no es un modelo rígido, es perfectible, por tanto la participación ciudadana puede ir más allá de las reglas de juego establecidas en la democracia representativa.

Estos planteamientos conducen a revisar en detalle el papel de la participación ciudadana y el poder local, en la generación de las políticas públicas dentro del Estado.

La participación se convierte en un elemento y canal para el desarrollo social, donde el reparto de oportunidades de la ciudadanía es una garantía para estos, en el diseño y control de las políticas públicas.

Dinámica que no se logra sin el empode- ramiento comunitario y sin la anuencia institucional, con planteamientos concretos que se deriven de la instancia política institucional, de acciones de revisión de los problemas de la comunidad y de apoyo en la formulación de las políticas públicas.

Quiero resaltar que este tema no solo se trata en Venezuela, sino en los países de América Latina y el Caribe, donde se realizan grandes esfuerzos por fortalecer sus democracias, otorgando una vinculación muy fuerte a estas y el desarrollo económico y social de un país. En nuestra opinión, muchos de esos sistemas se han construido sobre democracias representativas a espaldas de las sociedades, sin la inclu- sión de sus aspiraciones en los proyectos de su desarrollo económico y social.

Planteo la incorporación de la democracia institucionalizada como un modelo de democracia participativa, donde los ciudadanos y ciudadanas de estos países reconozcan en sus sistemas mayor capacidad de la comunidad, en el contexto de un nuevo reparto de los poderes del Estado, donde sobre todo aquellos siempre excluidos participen en el diseño de las políticas públicas, que traen como consecuencia un mayor control sobre sus gobernantes.

La ciudadanía por su parte debe ser responsable al actuar en las instancias de participación, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones, contribuyendo a crear condicio- nes para que prevalezcan relaciones de respeto y cercanía con la autoridad.