La Jurisdicción Disciplinaria Judicial como conquista del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia

Dr. Adelso A. Guerrero Omaña

Vicepresidente de la Corte Disciplinaria Judicial

El espíritu de una revolución se con solida con la presencia de un nuevo Estado, pero sin duda alguna se reafirma y sostiene con el nacimiento de instituciones que cumplan, eficaz y eficientemente, con los postulados, principios, valores y derechos que garantiza esa incipiente institución.

Distintos pueden ser los motivos que lleven a un pueblo a reflexionar sobre su vida y futuro, pero lo cierto es que en estos tiempos contemporáneos los ciudadanos y ciudadanas, de distintas y variadas naciones, han dirigido sus esfuerzos para lograr que el Estado se vincule activamente con los contenidos sociales y fomente, sin lugar a vacilación, la participación de los ciudadanos para que estos puedan ejercer un efectivo control vertical sobre los órganos del poder.

Particularmente el proceso de la refundación del Estado venezolano trajo consigo una multiplicidad de postulados de obligatorio e inderogable cumplimiento para los órganos del Poder Público: la participación popular, la ética, la voluntad democrática y protagónica del pueblo para la elección de sus autoridades, el debido proceso, la asistencia jurídica y el sometimiento del Estado al principio de la le- galidad; son solo algunos de los nobles postu- lados del Estado Social que impera en nuestro amado país.

Aun así podríamos preguntarnos, ¿cómo se patentizan esos postulados en la Jurisdicción Disciplinaria Judicial? Para responder a esta pregunta considero pertinente recordarles que si bien el pueblo es la máxima expresión de la soberanía, lo cierto es que su participación al menos en el marco de los procedimientos disciplinarios contra jueces, era algo sencillamente imposible; es decir, aquel ciudadano o ciudadana afectado por la mala conducta de un juez debía limitarse a la presentación de su denuncia ante el órgano competente, sin que le estuviera dado el participar en las fases sucesivas del procedimiento que se le siguiera al juez investigado.

Hoy en día, eso ha cambiado en forma ex- ponencial gracias al Estado Social, quien reconoce el derecho de la participación popular. El denunciante es verdadera parte y por tal razón se encuentra habilitado para intervenir en el proceso, ser notificado de las resultas del mis- mo e incluso, apelar las sentencias que eximan al juez denunciado de su responsabilidad. Sin embargo, la participación popular no se agota en la persona del denunciante, pues conforme al artículo 53 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana los interesados o interesadas, es decir, cualquier persona que manifieste sus razones para participar en el proceso, puede solicitar y obtener la cualidad de interviniente que le permita salvaguardar sus derechos e intereses.

De igual manera, es de destacar que los ciudadanos y ciudadanas, en especial las comunidades organizadas, pueden presentar denuncias ante la presunta mala conducta o errada ética de los jueces y juezas e incluso solicitar la práctica de cualquier diligencia para el esclarecimiento de los hechos investigados, cumpliendo así con el rol de contralores y vigilantes sociales de la buena marcha de la administración de justicia.

Otro principio del Estado Social que se patentiza con el nacimiento de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, es el relativo a la ética. No en vano el texto constitucional prevé que el Estado venezolano se erige como un Estado Social y ético, disposición que se traslada al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano cuando define a la ética pública como: “(...) el sometimiento de la actividad que desarro- llan los servidores públicos, a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud”.

Todas las anteriores consideraciones del aspecto ético son enteramente aplicables a los jueces y juezas, quienes en el ejercicio de la administración de justicia deben ser sujetos con un profundo sentimiento y accionar ético, pero sobre todo, personas que no vaguen en los limbos de la corrupción de las costumbres. De hecho, de nada sirve que los jueces y juezas sean los mejores académicos si su mala conducta se erige como un inhibidor de sus buenos talentos.

Es en este punto donde radica la especialidad de la Juris- dicción Disciplinaria Judicial y más aún, la relevancia del catálogo de faltas y tipos disciplinarios previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por cuanto se le garantiza a la sociedad que cualquier conducta antiética desplegada por los jueces y juezas será juzgada por un órgano imparcial, a través de un procedimiento breve y con las debidas garantías de un debido proceso. De esta forma, se ejercita el saneamiento del Poder Judicial, e incluso del resto del Sistema de Justicia cuando las autoridades sancionadoras omitan el inicio de los procedimientos disciplinarios correspondientes, máxime cuando la buena conducta ética es un postulado fundamental para la administración de justicia: puede que todos los demás poderes sucumban ante la corrupción de las costumbres, “pero si sus jueces preservan una buena conducta ética, ese país tiene esperanzas”. (García, E. La ética como un buen sentimiento).

A pesar de todo lo anterior, creo que mención aparte debe destacarse la voluntad democrática y protagónica del pueblo para la elección de sus autoridades, cuyo principio se erige como forma novedosa en cuanto a la elección de las autoridades disciplinarias se refiere.

Por primera vez una legislación venezolana consagra un procedimiento democrático en la designación de los jueces disciplinarios judiciales, conforme a lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre la base de los nuevos paradigmas de la participación protagónica que fueron esbozados por el Presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías:

“Estamos dejando atrás la democracia representativa y dándole vida a la nueva democracia revolucionaria, participativa, donde el pueblo impone sus decisiones”.

(Teatro Teresa Carreño, año 2006).

Este procedimiento consiste en que la elección de los jueces disciplinarios estará a cargo de los denominados Colegios Electorales Judiciales, quienes procederán a la elección de los ciudadanos y ciudadanas que hubieran sido previamente seleccionados y postulados por el Comité de Postulaciones Judiciales. Lo novedoso de este procedimiento es que en la conformación de los Colegios Electorales Judiciales se les da cabida y preeminencia a los miembros delegados de los Consejos Comunales órganos de expresión del poder popular protagónico que se le ha dado al pueblo en el nuevo Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia quienes inclusive pueden presentar objeciones a los sujetos que fueran preseleccionados por el Comité de Postulaciones Judiciales.

Si bien en la actualidad no ha sido posible la constitución de los denominados Colegios Electorales Judiciales y que tal omisión fue suplida por la Asamblea Nacional, como máximo ente de la representación popular, lo cierto es que se han dirigido esfuerzos para lograr la conformación de los mismos, por cuanto ello significará que la sociedad, en el futuro, tendrá la suficiente potestad decisiva y contralora para la elección de sus jueces disciplinarios judiciales.

Además de todo lo anterior debo destacar que la Jurisdicción Disciplinaria Judicial no se erige como un verdugo de los jueces; por el contrario, recuérdese que el principio de legalidad es uno de los postulados esenciales del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, lo que significa que sus instituciones se encuentran vinculadas y sometidas a lo previsto en la ley, siendo una de las más fundamentales, el derecho al debido proceso.

Es un hecho conocido que en el pasado existían prácticas sumarias donde los jueces y juezas eran removidos sin la consecución de un procedimiento y a veces, sin conocer la causa que originó su retiro; pero contrario a ello nace la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, institución que apegada a la legalidad, garantiza y brinda a los jueces y juezas una mayor seguridad e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Esa garantía se patentiza con la observancia de las normas relativas al debido proceso y al juicio justo, preceptos constitucionales de obligatoria observancia para los órganos disciplinarios judiciales que les garantizan a los jueces y juezas que: 1) Se les presumirá como inocentes ante la presentación de cualquier acusación o denuncia contra estos; 2) Serán notificados de los cargos presentados en su contra y dispondrán de una oportunidad para su defensa y la presen- tación de sus pruebas; 3) Contarán con la oportunidad de ser juzgados y oídos por un Tribunal competente, independiente e imparcial; 4) Tendrán derecho a recurrir aquellas decisiones que consideren lesivas a sus intereses; 5) Siempre que se compruebe su responsabilidad serán sancionados por actos u omisiones previamente establecidas en la ley; y 6) No serán investigados dos veces por los mismos hechos.

Conforme hemos visto la Jurisdicción Disciplinaria Judicial es una institución cuyo propósito, fin y estructura se adecúa perfectamente a los nobles postulados del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia; su exigencia contribuye con el saneamiento del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, otorgándole a los ciudadanos una garantía para creer en la correcta marcha ética de los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de la justicia.

En definitiva, la Jurisdicción Disciplinaria Judicial es una institución que coadyuva a la realización de los fines del nuevo Estado venezolano, cuyo valor supremo, conforme con los principios del novísimo contrato social plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, radica en la práctica de la justicia y la equidad con el fin de garantizar la construcción y existencia de un Estado ético, el cual fue explicado por el Presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, al expresar en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013), la necesidad de:

 

“(...) La construcción de un Estado ético, vale decir, de una nueva ética del hecho público. Un estado de fun- cionarios honestos, eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio que prestan a

los demás. Un Estado del cual se sienta parte el ciudadano. El Estado está llamado a ser el espacio ético por excelencia; si no lo es, el ciudadano no tendrá motivo para serlo”.

 

Con estas palabras y en ocasión al segundo aniversario de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, quisiera reiterarles a los jueces y juezas de la República que cuentan con esta Jurisdicción para rescatar la independencia y autonomía, como baluartes inderogables en el ejercicio de las funciones que les han sido conferidas, en aras de construir un Poder Judicial más transparente y eficiente.

Igualmente, considero propicia la oportunidad para invitar, a todos y a todas, a continuar luchando con una firme vocación y voluntad para lograr la consolidación del nuevo Estado venezolano, tomando como ejemplo el ímpetu y trabajo que a lo largo de estos dos años han demostrado cada uno de nuestros funcionarios, trabajadores y obreros que hacen vida en el seno de esta institución, a quienes agradezco todo lo que han hecho para materializar la noble y exigente labor encomendada por el Constituyente a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Sus labores y esfuerzos son, sin duda, acciones de aliento para no fallar en la misión encomendada, como lo diria nuestro presidente eterno, ¡¡¡Eficiencia o nada!!!